Venezuela en el ojo de la comunidad internacional: ¿Qué puede pasar?; por Mariano de Alba
Luego del transcurso de los dos primeros meses del año, ha surgido la percepción de que el mundo finalmente ha centrado su atención sobre Venezuela y se dispone a tomar acciones trascendentales. Efectivamente, la preocupación internacional está en alza, pero el papel que puede jugar la región es limitado. Mientras no exista una estrategia para concretar la posibilidad de que se realice un evento electoral, cualquier presión internacional podría resultar estéril.
La creciente atención internacional
2017 inició con renovadas solicitudes
por parte de México, la Unión Europea y Colombia para mantener el
diálogo entre gobierno y oposición. No obstante, las primeras ocho
semanas del año ya han debilitado la percepción de que a través del
esfuerzo promovido por UNASUR y El Vaticano se pueda avanzar en la
resolución de la crisis.
Esta impresión inicial que comparte un buen número de países es consecuencia del deterioro de la crisis y la declaratoria opositora
del pasado 25 de enero de que el diálogo es “un capítulo cerrado que no
se volverá a abrir”. Asimismo, la oposición se ha mostrado activa en el
ámbito internacional, viajando a países como Perú, Brasil, Colombia y
Estados Unidos.
Sin embargo, la confirmación de la atención internacional llega gracias a las acciones
del nuevo gobierno de Estados Unidos, el cual ha dado luz verde a la
imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano. En
distintas conversaciones
con otros líderes de la región, Donald Trump ha calificado la crisis
venezolana como un hecho que genera “enorme preocupación”, una posición
que ha sido confirmada por varios jefes de Estado latinoamericanos.
El progresivo cambio de signo político en América Latina y el temor
de que se desate una migración masiva de venezolanos a diversos países,
ha logrado que países como Argentina, Brasil y Perú consideren que la
situación venezolana es “insostenible”
y se comience a conversar la posibilidad de ejercer seriamente presión
internacional a través de esfuerzos multilaterales como la aplicación de
la Carta Democrática Interamericana.
Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro refuerza su discurso sobre una supuesta “conspiración imperial”, al mismo tiempo trata de reforzar la cooperación con países como China, buscando una estabilidad económica que le permita mejorar la popularidad de su gobierno.
¿Concluyó el diálogo entre el gobierno y la oposición?
A pesar de lo anterior, en la comunidad internacional persiste la
duda sobre si el diálogo entre el gobierno y la oposición realmente
concluyó, lo que muchos gobiernos ven como un requisito necesario para
avanzar en la aplicación de medidas como la aplicación de la Carta
Democrática. El gobierno venezolano continúa manifestando estar
dispuesto a reimpulsar los esfuerzos. Pero más importante aún: El
Vaticano pareciera seguir teniendo esperanzas de concretar algún avance,
reforzado esto luego de la reciente reunión del 21 de febrero entre el Nuncio Apostólico Aldo Giordano y Maduro.
La preferencia de la región continúa siendo que estos esfuerzos den
algún tipo de resultado, aunque ya haya menos expectativa que al término
de 2016. Incluso el gobierno de España, muy crítico de la situación
venezolana, se muestra cauteloso. El 23 de febrero, el canciller español
manifestaba
que el presidente Rajoy le había pedido que “apoyara la mediación de
Zapatero en Venezuela”, al mismo tiempo que declaraba que “mientras haya
esperanzas, vamos a seguir apoyándole. Últimamente hay indicios de que a
lo mejor sí” De tal manera que todo indica que va a ser necesario que El Vaticano
envíe una señal clara a la comunidad internacional de que el esfuerzo
por concretar un diálogo fracasó. De lo contrario, la posibilidad de que
la región logre llegar a un acuerdo para tomar medidas continuará
siendo baja.
La posible aplicación de la Carta Democrática
*Existe un esfuerzo por parte de varios países de la OEA de darle un reimpulso a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, lo cual no se concretó luego de una controversial sesión de su Consejo Permanente en junio de 2016.
El secretario general Almagro ha declarado que trabaja en una actualización del informe
que presentó en mayo de 2016 para reflejar cómo se ha deteriorado la
situación en Venezuela desde entonces. Por su parte, el gobierno de
Estados Unidos pareciera estar haciendo esfuerzos para convencer a los
demás países, pero parece difícil que avance en este campo mientras
mantenga relaciones delicadas con México.
A pesar de los esfuerzos de Almagro, al final no es él quien tiene la
facultad de aplicar la Carta. Esa es una prerrogativa que corresponde a
una mayoría de los países de la OEA reunidos en su Consejo Permanente.
Al día de hoy, no está claro si al menos 18 países apoyarían votar a
favor de declarar que en Venezuela existe una “alteración del orden
constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.
En junio de 2016, 20 países votaron a favor de que Almagro
pudiese dar lectura a su informe ante el Consejo. Pero es muy distinto
votar para darle el derecho de palabra a Almagro que votar para aplicar
la Carta. Por ejemplo, el presidente de Uruguay, cuyo gobierno en
aquella oportunidad votó a favor, declaró el 8 de febrero
que en “Venezuela los tres poderes están funcionando”. Otros países que
apoyaron la moción como Barbados, Jamaica y Suriname, en otras
oportunidades han votado a favor de los intereses del gobierno de
Venezuela, por lo que la existencia de esos 18 votos continúa siendo una
incertidumbre.
El esfuerzo por concretar un número contundente de votos que
demuestre el malestar de la región hacia lo que sucede en el país no
depende únicamente del secretario general Almagro. Supone un esfuerzo de
otros gobiernos de la región y la misma oposición venezolana para poder
convencer a países claves como Barbados, Costa Rica, Jamaica, República
Dominicana, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago o Uruguay.
La aplicación de la Carta Democrática: el día después
Si efectivamente la OEA llegara a aplicar la Carta Democrática, hay
que tener en cuenta las consecuencias realistas de este hecho. En
principio, se concretaría un reconocimiento de una mayoría de los países
de la región de que existe una grave crisis en Venezuela que ha
afectado gravemente su orden democrático. Es decir, una declaratoria
formal de la inexistencia de democracia en Venezuela.
Además de esto, el Consejo Permanente podría adoptar medidas
adicionales siendo lo más probable en principio la realización de
gestiones diplomáticas “para promover la normalización de la
institucionalidad democrática”. No obstante, al final del día el éxito
de dichas gestiones diplomáticas dependería en buena medida del
consentimiento del gobierno venezolano para participar, pues la OEA no
tiene la facultad de obligar a un Estado miembro a que haga algo.
Eventualmente, podría llegarse a un escenario donde los países se
planteen suspender a Venezuela. Pero esto no es lo más probable porque
representantes de algunos países coinciden en que aislar a Venezuela no
es lo más conveniente. De hecho, la aplicación de la Carta podría, por
sí sola, aislar al gobierno, quién lleva tiempo tratando de deslegitimar
a la OEA.
Por otro lado, el Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, ha manifestado
que la medida de suspensión consagrada en el Artículo 21 de la Carta
únicamente procede cuando un Estado “no tiene un gobierno legítimamente
electo”, apuntando que la medida está reservada para casos de golpes de
Estado. Aunque la palabra final la tienen los Estados, es de suponer que
una mayoría podría darle deferencia a la opinión del Secretario de
Asuntos Jurídicos.
La inexistencia de soluciones mágicas
Más allá de la necesaria atención internacional sobre la crisis, es
importante aclarar que no existen las soluciones mágicas o milagrosas
para la situación que vive el país. Lo que sucede en Venezuela está
siendo seguido de cerca por un gran número de países y eso, por sí solo,
ya es un hecho de gran importancia.
La región busca que se concrete un entendimiento entre venezolanos
que permita una salida pacífica y ayude a fraguar acuerdos mínimos para
atenuar las graves consecuencias que ha generado la crisis. Eso es algo
que el gobierno parece no entender. La oposición, por su parte, debe
estar consciente que tal y como ha dicho Almagro, “seguirá habiendo presión internacional, pero tomará tiempo que la oposición recupere la confianza de los ciudadanos”.
Sin que un sector del gobierno recupere la sindéresis y la oposición
logre definir una estrategia para presionar internamente a que se
realicen elecciones, será muy difícil que cualquier presión
internacional llegue a buen puerto.
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